| Un seguro inseguro para los pasajeros |
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Más del 50 por ciento de unidades extraurbanas circulan por las carreteras evadiendo la ley del seguro para transporte extraurbano, dejando en el desamparo y el calvario a cientos de personas cuando son víctimas de un accidente.
A Maritza Osorio finalmente la venció el sueño y, justo después del Rancho, cerró sus ojos. Se había resistido a dormir porque el piloto no le inspiraba confianza.
Al despertar se dio cuenta de que estaba rodeada de médicos. Se encontraba en el hospital San Juan de Dios y recién acababa de salir de una intervención quirúrgica del hígado. Pasó cerca de ocho horas inconsciente.
Además, por lo violento del accidente, resultó con fracturas en la clavícula, el húmero, la pierna y el tobillo, así como edemas internos. Esos son los daños que le ocasionó la imprudencia de un chofer que conducía con exceso de velocidad.
Maritza no recuerda nada, pero los titulares de los medios de comunicación detallan que ella es una de las 13 sobrevivientes del accidente que el 10 de febrero de 2001, en el kilómetro 45.5, ruta al Atlántico, cobró la vida de 26 personas.
Ya han pasado cinco años y aún no se repone de los quebrantos de salud producto del percance. Pero no sólo eso, para poder cubrir los Q60,000 que gastó en medicinas y honorarios médicos, su familia se vio en la necesidad de vender un terreno.
Sólo la operación de las tres fracturas le costó cerca de Q30,000. Y como si fuera una limosna, expresa, el seguro con que contaba el transportista le reembolsó sólo seis salarios mínimos del sector agrícola, o sea Q7,200, después de una serie de trámites que tuvo que cumplir.
Otro de los casos es el de José Chavarría. Aunque tuvo la suerte de no sufrir fracturas perdió casi todo el capital de una empresa que recién había iniciado. El día del accidente llevaba varias máquinas que había venido a comprar a la capital. Después del percance lo perdió todo, las máquinas desaparecieron. Nadie le reembolsó nada y su microempresa se esfumó.
José tuvo la mala suerte de que el autobús donde se transportaba no tenía el seguro obligatorio para el transporte extraurbano. Aunque hubiera contado con él, se queja, daría lo mismo, pues el famoso seguro no cubre ese tipo de pérdidas.
Esta clase de seguro no toma en cuenta a quienes sufren lesiones internas, largos períodos de convalecencia, daños psicológicos, gastos médicos ni pérdidas materiales de los viajeros. Eso le sucedió a los pasajeros de un bus accidentado en la carretera al Atlántico. Ni el seguro ni los dueños del transporte cubrieron los gastos hospitalarios ni funerarios de las víctimas, cada quien tuvo que afrontar los gastos de su bolsillo, señala Víctor Guerra, uno de los médicos que los atendió en un sanatorio privado.
Según el acuerdo Gubernativo 392-2001, el seguro tiene una cobertura en caso de muerte hasta el equivalente a 50 salarios mínimos para actividades agrícolas, o sea que los familiares de un pasajero que pierda la vida recibirán unos Q60,000. También especifica que en caso de incapacidad para trabajar por más de 45 días, la víctima recibirá una indemnización de seis salarios mínimos del campo, o sea aproximadamente Q7,200.
Quien sufra la pérdida de alguna parte de su cuerpo, también recibe una indemnización, teniendo como base el salario mínimo de las actividades agrícolas. Por ejemplo, si el pasajero pierde un ojo con expulsión recibirá Q18,000. Si llega a perder un dedo pulgar se le indemnizará con Q12,000 y por el dedo gordo de un pie recibirá Q4,800.
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Mientras las denuncias de víctimas que no han recibido las indemnizaciones establecidas aumentan, la capacidad de las autoridadesencargadas de velar por el cumplimiento del acuerdo es cuestionada por muchos sectores.
Mario Mendizábal, presidente de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros, AGIS, muestra su molestia al expresar que “es una irresponsabilidad que los transportistas se atrevan a circular sus unidades sin el respectivo seguro, pues a la hora de un accidente los pasajeros están desamparados”.
Es que esa preocupación tiene su razón de ser. Según la AGIS, de los 22,000 buses, aproximadamente, que circulan en el país, tanto en rutas cortas como largas, 6,000 son unidades piratas que operan sin ninguna autorización. Sólo 16,000 están registradas en la Dirección General de Transportes, pero de ellas únicamente 8,000 cuentan con el seguro de daños a terceros, aunque un buen porcentaje no lo mantienen vigente.
Por su parte la Gremial de Transporte Extraurbano y Pasajeros,GRETEXPA, señala que el número de buses piratas llega a las diez mil unidades. Ante ello, la jefa de la unidad de Estudios y Análisis de la Procuraduría de Derechos Humanos, licenciada Karla Villagrán, señalaque en este tema se han cometido muchos actos de negligencia.
Las autoridades de la Dirección General de Transporte no han tenido la capacidad real de supervisar a las empresas, señala. Y para muestra un botón. El acuerdo estipula que la unidad que sea sorprendida circulando sin el seguro deberá ser detenida y al propietario se le impondrá una multa de Q15,000. No obstante, las autoridades de este departamento no cuentan con ningún registro sobre este tipo de sanciones.
Por su parte, el viceministro de transporte, Rolando Díaz, explica que sí han impuesto multas pero a la vez muestra su frustración, pues, según él, los transportistas sancionados utilizan una serie de recursos y amparos que al final terminan favoreciéndolos. “Se burlan de la ley y no pagan las sanciones”, expresa.
Luego del percance muchas personas pasan largos períodos de convalecencia y nadie responde por ellas. No saben qué hacer ni a dónde ir para que les paguen la indemnización.
El presidente de AGIS explica que el pago se da cuando la víctima aparece en el listado de pasajeros, el cual hacen los cuerpos de socorro o los de la Policía Nacional. “Cuando debe indemnizarse a alguien porque no podrá ir a trabajar por determinado tiempo, el pago es inmediato”, explica.
Sin embargo, el trámite se dificulta un poco más cuando el pasajero muere. “Se debe establecer quiénes son los beneficiarios. Se han dado casos en los cuales la víctima tiene dos o tres esposas y ahí secomplica el trámite”, expresa Mendizábal.
Pero muchos más desconocen los trámites. Debería existir undepartamento que los oriente y los ayude en los trámites, señala la licenciada Villagrán. Por eso el diputado Luis Alberto Colindres, Presidente de la Comisión de Comunicación y Transportes del Congreso dela República, muestra su interés por reformar el citado acuerdo gubernativo.
“Se deben cambiar varias cosas para que las víctimas tengan todas las garantías necesarias”, dice. Pero mientras eso llega los accidentes continúan enlutando a muchas familias. Algunos datos estadísticos muestran cómo, desde 2000 a la fecha, han ocurrido más 500 accidentes de transporte extraurbano.
Entre los años 2003 y 2004 se registraron la mayor cantidad de percances, con 109 y 137 respectivamente. El número de fallecidos en 2001 fue de 103 muertos; y en 2004 de 120.
Eso le preocupa a Mendizábal y expresa que la Dirección General de Transporte, institución encargada de velar porque todos los transportistas cuenten con el seguro, no está cumpliendo con su papel.
Mendizábal no se logra explicar por qué ni la DGT ni la PolicíaNacional Civil fueron capaces de detectar que el bus protagonista del más reciente accidente de tránsito, en la ruta Palín-Escuintla, no contara con el seguro y que el piloto Luis Fernando González portara una licencia vencida desde septiembre de 2005, además bloqueada por el Juzgado Municipal de Villa Nueva.
El viceministro Roberto Díaz se defiende y explica que desde hace mucho tiempo han montado operativos conjuntos con la Policía Nacional Civil, Provial y el Ministerio Público, para controlar a quienes no cumplencon la ley. Sin embargo, muestra su queja, pues únicamente cuentan con 25 inspectores para controlar todo el territorio nacional.
Pero esa justificación no le da la solución a los problemas que hoy en día padece otra de las víctimas, quien prefiere omitir su nombre. “Ninguno se imagina lo que significa estar abandonado, herido, junto adecenas de víctimas, en la más absoluta oscuridad y todo por vivir en un país en donde nadie cumple las leyes y en donde las autoridades no cumplensu función”, se queja.
Por Jeovany Ibañez
Fotos: Archivo Prensa Libre
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