Cada día hay más gente armada, ya sea para defenderse o para delinquir.  Las estadísticas muestran que por cada arma registrada en el Decam hay por lo menos otras dos que circulan en forma ilegal.  Quizás por eso Guatemala tiene un deshonroso primer lugar como el país más armado de la región centroamericana.

Fue un acto público frente a la Corte Suprema de Justicia.  Una pesada aplanadora de acero se encargó de destruir más de tres mil armas de fuego, entre fusiles de asalto, pistolas, revólveres, armas hechizas y rifles de diferentes calibres.  Todas formaban parte de una historia cruel, indeseada y trágica.  Todas tenían algo en común: eran armas ilegales decomisadas a delincuentes comunes y bandas del crimen organizado.

Las fuerzas de seguridad no tenían control sobre ellas hasta que fueron incautadas después de un tiroteo, durante un allanamiento, o tras la muerte de un guatemalteco.

Estadísticas de la Policía Nacional Civil, PNC, señalan que en los últimos años se han decomisado cerca de 38 mil armas.  De ese número, sólo un 20 por ciento, o sea 7,600 estaban registradas en el Decam.

Pero esas armas son sólo la punta del iceberg.  ¿Cuántas como esas habrá en este momento en la calle, en manos de alguien que ahora mismo puede estar cometiendo un acto delictivo?, pregunta Ricardo Zepeda, analista del Centro Internacional para Investigación en Derechos Humanos, CIIDH.

Una pregunta difícil de responder.  No existen cifras reales por parte del Estado.  Aunque David Barrientos, jefe del Departamento de Control de Armas y Municiones, Decam, admite que más de 250 mil armas circulan de forma ilegal en el país; el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible –Iepades, asegura que existen 1.5 millones de armas ilegales en manos de civiles.

Pero no sólo en manos de civiles.  El propio Barrientos reconoce que la institución que él dirige “no tiene registradas todas las armas de la PNC  ni las del Ejército, ni incluso de las que portan guardaespaldas privados, que podrían ser ilegales”.

Recientes estadísticas de la PNC dan cuenta de que en el 85 por ciento de los actos delictivos que a diario ocurren, se usan armas no registradas en el Decam.

Además, se calcula que por cada 10 armas utilizadas en homicidios, sólo dos son legales, lo cual demuestra que ni siquiera sobre las que están registradas se tiene control, pues “una vez que se extienden las licencias de tenencia o portación, no se vuelve a ver más el arma, ya que no hay ningún mecanismo de supervisión”, explica Barrientos.

Esa es una de las reformas que el Iepades ha pedido introducir en la Ley de Armas y Municiones, para que cada vez que se renueve la licencia se muestre el arma de fuego y verificar que no ha sido modificada la huella balística.

Actualmente el Decam ha autorizado la tenencia de 300 mil armas y ha extendido licencias de portación para 50 mil.

Esta es una pregunta que muchos se hacen: ¿de dónde sacan las armas los delincuentes?  Para empezar, según Iepades un alto porcentaje de armas que se compran en el país de forma ilegal ingresan por la vía del contrabando desde Honduras y El Salvador.

Aunque son adquiridas de manera legal, pasan la frontera sin ser reportadas en las aduanas.

Pero a la par de ello, en tres años el país ha invertido Q127 millones en compra de armas y municiones, siempre según datos de Iepades.

Asimismo, la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, reporta que Guatemala compra más de Q38.5 millones en armas y municiones al año a la República Checa, Israel y Estados Unidos.

Para los analistas es inaceptable que cada persona pueda comprar hasta 500 cartuchos diarios de municiones.  “Alguien puede comprar 500 en una tienda, e ir a otra y comprar otros 500.  No hay un sistema que controle esa demanda”, explica un vendedor de municiones.

“Nosotros a veces nos damos cuenta de que hay personas que están comprando municiones para actividades indebidas, pero si tienen licencia no se puede hacer nada”, añade.

¿Para qué puede querer una persona particular tantas balas? se pregunta Roxanna Baldetti, diputada del Partido Patriota, quien añade que sin duda las venden después en el mercado negro.

Pero otro lado flaco de este complejo problema es la débil legislación.  Cualquier persona puede adquirir un arma ilegalmente y si es capturado por portarla, queda libre sólo con pagar una fianza.  Luego el proceso se archiva.

Por eso los estudios del Iepades concluyen en que “por el poco control muchas de estas municiones circulan en el mercado negro y muchos de los crímenes se cometen con armas legales”.

Lo mismo piensa Rebeca Peters, directora de la Red Internacional de Acción contra las Armas Pequeñas, al expresar que “el Estado de Guatemala debería admitir que las balas y las armas que se emplean para matar provienen de importaciones legales”.

La experta recalca que “no es cierto eso que dicen de que las armas utilizadas en hechos ilícitos provengan del mercado negro o sean restos de las que se utilizaban en el conflicto armado interno”.

El analista Ricardo Zepeda señala que la forma más común como se mueven las armas es que “alguien compra una legalmente y después, directamente o a través de un intermediario, la revende a alguien que no puede comprarla o tiene récord delictivo”, explica.

Para evitarse cualquier responsabilidad y que no se le impute ningún asesinato cometido con ella, la reporta como robada, le lima el número de serie y le copia otro.  Con ello deja de estar a nombre del que la compró.  Sólo en 2005 fueron reportadas como robadas 3,716 armas.

Los estudios señalan que ha aumentado la compra de piezas para cañones de armas, los cuales se utilizan para modificar una comprada legalmente, pues al cambiarle el cañón la huella balística que ha quedado registrada en el Decam cambia.

Los analistas sostienen que en barrios marginales funcionan armerías clandestinas donde personas con experiencia, muchas veces armeros que alguna vez se desempeñaron legalmente, se dedican a la compraventa o a la modificación.

Guatemala no sólo es el país más armado de Centroamérica, sino el único cuya Constitución otorga el derecho a la tenencia de armas defensivas y deportivas a cualquier ciudadano.  Ante ello, instituciones como el Iepades y el CIIDH, cuestionan la forma tan irresponsable como se otorga una licencia.

El solicitante sólo debe declarar en un formulario que no padece enfermedades mentales, rellenar la solicitud del Decam en la cual se pide, además de los datos personales, justificar el motivo de la compra del arma, una copia de cédula de vecindad, tener más de 25 años, ausencia de antecedentes penales y policíacos, un documento que acredite la compra, por ejemplo una factura, tres municiones para elaborar la huella balística y un recibo de luz o agua de donde resida.  Ocho días después de este sencillo trámite, el ciudadano puede portar un arma defensiva o deportiva sin ningún problema.

Un estudio señala que en Guatemala se otorgan hasta tres licencias de portación de armas a personas mayores de 25 años, y cada una de ellas permite portar tres armas, lo que significa que se autoriza la portación de hasta nueve armas por persona.

De esa cuenta, dice Zepeda, cualquier persona que padece de esquizofrenia o ataques de delirio u otra enfermedad mental logra una autorización para tener y portar cualquier tipo de arma.

Por eso es que el Iepades exige que se realicen exámenes psicológicos y no solamente una declaración del solicitante, en la cual indique que no padece enfermedades mentales.

A la par de ello, los analistas abogan porque se prohíba el uso de municiones expansivas, fragmentarias, de punta hueca y de hidroshock, pues éstas causan mayor daño en la víctima que los proyectiles normales.  También piden que se impida la subasta de armas decomisadas.

Sin embargo, esas buenas intenciones plasmadas en el Proyecto de Ley de Armas y Municiones, han encontrado un ramillete de obstáculos en el Congreso de la República.  De hecho, desde 1999 se han presentado ocho iniciativas para reformar la ley y ninguna ha prosperado.

Mario Taracena, jefe de bancada de la UNE, quien en 2005 propuso una iniciativa que restringía la obtención de armas legales, señala que “las reformas a esta ley siempre han tocado los intereses de quienes viven del negocio de las armas”.

Lo mismo piensa la diputada Nineth Montenegro, quien expresa que “la compra y venta de armas en el mercado negro es un negocio que mueve millones de quetzales y muchas personas se verían perjudicadas con mayores regulaciones para este negocio”.

“Que la ley no haya sido aprobada y que los propios diputados pongan tantos obstáculos a la regulación, es preocupante”, dice Rebeca Peters.
Pero eso no es nada nuevo, en el marco de los Acuerdos de Paz, el Estado guatemalteco se comprometió en 1996 a reformar la Ley de Armas y Municiones para hacer más restrictiva la tenencia y portación en manos de particulares, lo cual hasta hoy sólo ha sido una promesa.

Eso, a criterio de la Fundación Mirna Mack, propicia un “círculo perverso” que justifica la proliferación de armas a título individual y se agrava con la ausencia de mecanismos de control sobre su comercialización y acceso.

Pero del otro lado están aquellos que defienden el derecho a portar armas para defenderse de la delincuencia.  Por ejemplo, la Asociación Constitucional Pro Derecho de Tener y Portar Armas, Actepar, señala que “se debe castigar al delincuente, pero sin desarmar al ciudadano responsable que sí cumple con registrar su arma y que ante la inseguridad tiene que defender su vida, su familia y sus propiedades”.

Pese a estas posiciones, muchas organizaciones abogan por la despistolización del país.  Piden que el Estado recoja esta bandera y la respalde con medidas que desde hace mucho tiempo la sociedad demanda, en especial las personas afectadas por el empleo irresponsable de las armas de fuego.