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La creación del impuesto a la primera matrícula de los automóviles, así como la reforma a dos leyes que rigen la circulación de transportes terrestres, aéreos y marítimos, y el cambio en el IVA por importación de vehículos está provocando fricciones entre el Gobierno y el mercado automotriz. En la arena, ambos luchan por imponer y defender sus argumentos.
Con la crisis mundial como telón de fondo, el Gobierno guatemalteco impulsa una serie de medidas fiscales con el mercado automotriz en la mira. Las reacciones no se han hecho esperar y los analistas pronostican un futuro muy complicado entre ambos sectores.
“Somos el sector que aporta más ingresos al fisco y seremos los más afectados con las nuevas reformas fiscales”, dice Brenda Montenegro, directora ejecutiva de la Asociación de Importadores y Distribuidores de Vehículos, en clara muestra de su inconformidad a las intenciones del Gobierno que, a través del proyecto de reforma fiscal, pretende crear el Impuesto Específico a la Primera Matrícula de Vehículos Automotores.
La propuesta del ejecutivo lleva la intención de gravar con entre un cinco y un 20 por ciento la importación de vehículos nuevos, de un año anterior y uno posterior, en sustitución de los aranceles de importación.
Así las cosas, un automóvil liviano que paga actualmente el 20 por ciento de arancel, cancelará con la nueva iniciativa un 30 por ciento por el Impuesto a la Primera Matrícula, calculado sobre el valor CIF de los autos nuevos, y para los usados se basará en las tablas de clasificación que elabora cada año la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y que también calcula el Impuesto de Circulación de Vehículos.
Esto significa un 50 por ciento más de tributo, pues ahora, según importadores, los aranceles no pasan del 20 por ciento.
Este cargo fiscal se refiere a los vehículos nuevos o seminuevos, los cuales, se especifica en el proyecto de ley presentado en el Congreso, transportan hasta cinco personas, incluido el piloto.
La iniciativa contiene varios tipos impositivos que van desde un cinco por ciento para los vehículos de uso industrial, hasta los de 30 por ciento, para los automóviles particulares y los utilizados en los campos de golf.
Por ejemplo: un automóvil nuevo cuyo valor CIF promedio es de Q100 mil, dejará de pagar un arancel de Q20 mil, pero cancelará Q30 mil por concepto de Impuesto de Primera Matrícula, o sea Q10 mil más, un incremento efectivo del 50 por ciento.
En el caso de un pickup nuevo, valorado en Q150 mil, dejará de cancelar Q7 mil 500 de arancel y pagará Q15 mil de impuesto; un camión de carga, valorado en Q200 mil, que actualmente no paga arancel, pagará Q40 mil sobre una tasa del 20 por ciento de Impuesto Específico.
Las importaciones de motocicletas tampoco se escapan de este nuevo impuesto, ahora pagan entre 10 y 15 por ciento de arancel, pero de ser aprobada la reforma fiscal por el Congreso de la República, pagarán un 20 por ciento.
Pero ese nuevo tributo viene acompañado de una reforma en el monto del Impuesto al Valor Agregado, IVA, que deben pagar los autos nuevos y usados, ya que se incrementa de siete a 12 por ciento la base imponible y se establecen tarifas para enajenar e importar, de acuerdo con el año de fabricación. Por ejemplo, si son de dos o tres años anteriores, pagarían Q500, y para la importación Q1 mil.
Pero las intenciones del gobierno no se quedan ahí. También pretenden un aumento gradual del pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos a partir de 2010 en un 50 por ciento y en un ciento por ciento para 2011.
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Un sector embrecadoAnalistas y directivos del sector automotriz coinciden en que al mercado de los automóviles le está lloviendo sobre mojado. A la crisis mundial que está viviendo esta industria habrá que sumarle la drástica reducción en las ventas locales, y ahora los nuevos tributos.
“Somos uno de los sectores más dinámicos de la industria nacional”, dice Cromwell Cuestas, presidente de la Gremial de Importadores de Vehículos Nuevos. Según el ejecutivo, representan más del 15 por ciento del movimiento económico total del país, por los ingresos generados de manera directa e indirecta. Sin embargo, asegura que esa situación se pondrá en riesgo con los nuevos tributos. “El aumento exagerado de los impuestos también afectará al Estado, pues dejará de recibir recursos por la caída de las ventas en la industria automotriz”, señala.
Al momento de subir los impuestos las empresas deben trasladar ese costo al consumidor final, lo que significa un encarecimiento de los automóviles, dice el gerente de Cofiño Stahl, José Javier Casas.
Ante ese panorama, Cuestas advirtió que se espera “un mayor debilitamiento de la economía nacional, baja de ingresos tributarios, reducción de las inversiones y, lo más riesgoso, aumento de los índices de desempleo”. Pero el sector automotriz parece no estar solo en esta lucha, pues su preocupación ha encontrado eco en algunos diputados de oposición. La diputada Nineth Montenegro ha sostenido que esos tributos violarían el principio constitucional de la capacidad de pago, ya que no se hace ninguna distinción entre autos de lujo y los usados. “Ese impuesto afectará a todos por igual, lo cual es ilegal”, señala la congresista.
Mientras tanto el opositor Partido Patriota va más allá al señalar que presentarán una enmienda para evitar que se cree ese nuevo tributo, pues asegura que dañará a los guatemaltecos que compran un carro por necesidad, para trabajar, pero con esos impuestos no podrán pagar los nuevos precios.
Sin embargo, esos argumentos no han hecho mella en el ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, quien se ha convertido en el adalid de la reforma fiscal. El funcionario ha reconocido que los nuevos tributos “golpearán únicamente a aquellos que poseen automotores”. Pero en ese sentido Cromwell Cuestas expresa que no son unos pocos. “Hay más de un millón 300 mil guatemaltecos que tienen automotores y muchos miles más que sueñan con tener un vehículo, pero que se verán afectados”, argumenta.
Pese a ello, Fuentes Knight expone que “la reforma busca un aporte solidario para quienes no están preocupados por adquirir un vehículo, sino por alimentarse”. En medio de ese estira y encoge, tanto Gobierno como sector automotriz confían en el apoyo que les darán los congresistas, quienes al final decidirán hacia dónde se inclinará la balanza.
Por Jeovany Ibañez
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